Hay un detenido y 737 kilos de marihuana incautada .
La Fiscalía SAC y OS7 de Carabineros concretaron la incautación de 737 kilos de marihuana que permanecían acopiados al interior de un inmueble en la ciudad de Calama, procedimiento donde, además, se detuvo a un ciudadano colombiano con situación migratoria irregular.
La pesquisa comienza cuando a través de diversas técnicas investigativas se toma conocimiento del ingreso al país de una importante remesa de drogas procedente de Bolivia, por lo que de inmediato se dispone el uso de herramientas de la Ley 20.000, las cuales permitieron rastrear la carga hasta un domicilio específico de la comuna.
De esta manera, ayer domingo funcionarios de OS7 y Gope debidamente respaldados con una orden judicial, allanaron el inmueble de interés, donde se detecta gran cantidad de paquetes contenedores de marihuana, con un pesaje total de 737 kilos 300 gramos, además de otras especies asociadas al ilícito.
El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó el profesionalismo y el trabajo continuado realizado por las policías, Aduanas y otros organizamos públicos, que ha permitido incautar 55,9 toneladas de drogas este año (143% de incremento respecto a todo 2025) y 121 toneladas desde octubre de 2023, lo que consideró un “récord histórico”.
Por su parte, el jefe de la Zona Antofagasta de Carabineros, general Cristian Montre Soto, señaló que el trabajo de la Fiscalía y Carabineros está anticipando los planes de las organizaciones criminales y evitando que la droga llegue a las poblaciones, donde es mucho más difícil detectarla y extraerla.
Montre destacó que además, vinculado a la droga, se producen otros delitos de alta connotación social, de ahí la importancia de la labor que realiza Carabineros y Fiscalía en esta región. “Detectar la droga es evitar secuestros, es evitar homicidios y otros delitos muy graves”, sostuvo.
El imputado detenido durante el procedimiento fue formalizado por la Fiscalía SAC por el delito de tráfico de drogas y quedó con la medida cautelar de prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad, con un plazo de investigación de 90 días.
